El caso de los menores en Ceuta. ¿Por qué el Estado Español retiene a los menores y no los devuelve a sus padres?

El caso de los menores en Ceuta. ¿Por qué el Estado Español retiene a los menores y no los devuelve a sus padres?

El secuestro, según nuestro Código Penal español, es un delito muy grave y se castiga con penas de 6 a 10 años de prisión. Entonces, ¿por qué el Estado “acoge” a menores y no los devuelve a sus familias, incluso cuando sus padres, en Marruecos o Malí, solicitan el retorno de sus hijos? Estraído del ensayo robo de niños en democracia (2023).

Estos menas, procedentes en su mayoría de países musulmanes y casi todos varones, sin duda alguna tienen familia: tíos, primos, abuelos. Cualquier Educador Social sabe que, al ingresar en un centro de acogida, lo primero que se hace es contactar con los padres del menor.

 Evidentemente, puede haber casos en los que un menor haya sufrido abandono, pero con toda seguridad tiene familiares cercanos que podrían acogerlo. Por tanto, el Estado, sea como fuere, debería tener como objetivo prioritario su devolución a los progenitores.

Si revisamos las leyes autonómicas, nacionales, europeas e incluso internacionales, todas coinciden en lo mismo: debe priorizarse, por encima de todo, que los menores estén con sus familias.

En este sentido, la legislación no resulta ambigua. La protección integral y la asistencia a los menores queda claramente establecida en el artículo 39.3 de la Constitución Española de 1978, que indica que la responsabilidad de asistir a los hijos recae, en primer lugar, en los padres.

En relación con esto, destaca el apartado 14 de la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dictada el 18 de diciembre de 2009, que dispone:

“La separación del niño de su propia familia debería considerarse como medida de último recurso y, en lo posible, ser temporal y por el menor tiempo posible.”

El menor tiene derecho a crecer y ser educado por su propia familia; un derecho subjetivo ejercitable “erga omnes.”

El artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DO 2012 C326), publicada el 30 de marzo de 2010, y el artículo 7 de la misma carta, van en la misma línea: los menores deben estar con sus padres.

Existe abundante jurisprudencia, así como numerosas leyes nacionales e internacionales, que refuerzan esta posición.

En el ensayo “Robo de niños en democracia” pueden encontrarse decenas de normas legales que, de manera clara y contundente, afirman que los menores deben permanecer con su familia. En otras palabras: no hemos encontrado legislación que diga lo contrario.

Ahora bien, ¿por qué el Estado español no devuelve a estos menores y, literalmente, “retiene” a miles de ellos, sabiendo que tienen padres?

Recientemente, se ha publicado una noticia en la que se informaba que padres marroquíes desean que sus hijos menores regresen a casa. Muchos de esos niños se habrían escapado, pero incluso en esos casos el Estado español no los devuelve.

Según comentarios frecuentes de educadores sociales que trabajan en centros de menores, es común que padres africanos —marroquíes, entre otros— digan a sus hijos:

“Tú, hijo, vete a España como sea y, cuando estés asentado y nacionalizado, ya iremos nosotros con la reunificación familiar…”

Pero si unos padres marroquíes han abandonado a su hijo menor, o este se ha escapado, Asuntos Sociales debería contactar con algún familiar para su devolución y, cabe recordar —aunque parezca una obviedad— que también constituye un grave delito que unos padres, incluso siendo extranjeros, abandonen a su hijo menor. 

En el momento en que esos padres de Malí o Senegal pusieran un pie en suelo español, deberían ser detenidos, ya que el abandono de un menor es una negligencia grave penada por la legislación española.

Si un menor no tutelado llega, y en un par de años está trabajando y solicita la entrada de sus padres desde el extranjero, obviamente es muy fácil identificar a sus progenitores. Estos deberían ser detenidos inmediatamente por negligencia grave.

El primer interrogante es: ¿por qué se permite la entrada ilegal de personas? El segundo: ¿por qué no se detiene ni se sanciona a estos progenitores? Y profundizando aún más: ¿por qué no se tiene en cuenta este grave delito? 

Otra cuestión: al solicitar la nacionalidad, se exige no tener antecedentes penales. Entonces, ¿no cometió el mena un delito al entrar ilegalmente? ¿Y sus padres, al abandonarlo, no incurrieron en una falta aún más grave?

Si un padre español abandona a su hijo, pierde rápidamente la custodia y la patria potestad. En España, las consecuencias del abandono de un menor son gravísimas, y el proceso se lleva a cabo con rapidez y eficacia por parte de Asuntos Sociales. Por tanto, ¿por qué no se aplica la ley con el mismo rigor a los padres marroquíes o senegaleses que incurren en una negligencia tan grave al llegar a España?